Según informa REZERO LAB, el 19 de febrero de 2019, Baleares aprobó una Ley que hizo historia. La Ley Balear de Residuos y Suelos Contaminados, no solo era la primera que apostaba de forma contundente por la prevención de residuos y para acabar con la proliferación indiscriminada de productos desechables, sino también la que marcó un camino a seguir por otras regiones de Europa que hasta ahora vivían con resignación el crecimiento de residuos y la avalancha de plásticos. Aquel año, Europa miró hacia Baleares hasta el punto de que importantes empresas multinacionales vinieron en las Islas a “interesarse” por la ley.

Tenemos que recordar que Baleares estaba, y todavía está, al frente de todo el Estado en la generación de residuos, con 763 Kg de residuos por habitando/año en 2018 y con un crecimiento que el 2018 superaba el 21,5% respecto al 2010. Los residuos son recursos fuera de lugar, que no tienen una gestión eficiente en el actual sistema económico y productivo y que generan impactos sobre la salud y el medio ambiente, contaminando el medio y agravante la crisis ecológica y el cambio climático. Hoy, uno de cada 6 peces que habitan en las Baleares contiene microplásticos en su estómago y las analíticas de orina que iniciamos con personas referentes de Baleares y Cataluña con la campaña Salud de Plástico (y que ahora se ha replicado en el ámbito europeo), también evidencian la presencia de compuestos del plástico en nuestro cuerpo.

La sobreexplotación de los recursos naturales, la existencia de unas plantas de gestión colapsadas, la tendencia imparable y el impacto ambiental, económico y social, obligaba a cambios radicales, que difícilmente se podían lograr sin un nuevo marco normativo ambicioso. Y la Ley de Residuos Balear supuso un golpe de timón. Una ley cocinada a fuego lento con un amplio proceso participativo, donde intervinieron entidades ecologistas, empresariales, Consejos Insulares, el Gobierno y grupos parlamentarios y que finalmente se aprobó el 2019 con un amplio consenso, en un ejercicio de responsabilidad con el territorio y las generaciones futuras.

Después de dos años de adaptación para todos los agentes implicados, y de un periodo extraordinario aplazado por la situación generada en el estado de alarma sanitaria, entra en vigor esta semana y con ella se despliega todo su poder transformador, con la materialización de los objetivos específicos, prohibiciones y regulaciones sobre plásticos y productos desechables.

La Ley Balear apunta hacia unos objetivos claros y ambiciosos en el horizonte 2030, en la línea que nos marca Europa y ofrece herramientas para su implementación. Ahora nos corresponde a todos los actores, desde los ámbitos políticos, económicos y sociales, hacernos nuestros estos objetivos, e invertir en la adaptación, innovación y mejora para hacer efectiva la transformación ecosocial.

En cuanto a los objetivos destacan el de reducir los residuos un 20% el 2030, una reducción del 50% del derroche alimentario y el hecho de establecer como obligatoria la recogida selectiva de la materia orgánica.

Uno de los aspectos que dieron gran proyección mediática a la Ley son las medidas reducción de plástico desechable, que esta misma semana tendrían que empezar a hacer desaparecer de nuestro territorio productos como las bolsas, vajillas, pajitas y anillas para bebidas, monodosis, palillos, productos de higiene con microplásticos, sacapuntas de afeitar no recargables, cápsulas de café…, tan innecesarias como fáciles de reemplazar. A pesar de que la Ley permite sustituir algunos de estos productos por sus versiones compostables, es también una oportunidad para replantear la cultura desechable y transitar hacia las opciones de consumo a granel y reutilización.

Y de hecho, otro hito importante de la ley es el impulso a la reutilización: en envases de bebidas con objetivos concretos por aguas, refrescos o cervezas y en la obligatoriedad del uso de envases y bols reutilizables en equipaciones y acontecimientos públicos. También para la reutilización de tóneres, cartuchos y mecheros, el fomento de productos menstruales reutilizables y la obligatoriedad de disponer de espacios por la reutilización a las instalaciones municipales.

Todo esto despliega un escenario de oportunidades para la transición hacia una economía circular en las islas, donde los residuos encuentran su lugar como recursos, donde se optimizan procesos, se pone freno en el abandono de materiales al medio natural y donde se abren nuevas oportunidades de ocupación arraigada en el territorio, y con elevados valores sociales y ambientales. Una oportunidad para diversificar el modelo económico de las Islas, en un momento donde se ha demostrado la fragilidad del monocultivo turístico.

Finalmente, uno de los aspectos más relevantes y que las entidades hace tiempos que reclamamos es la incorporación de medidas de responsabilidad ampliada del productor, que obliguen a los que pongan al mercado los determinados productos, de asumir los costes totales derivados de la gestión de estos cuando acontecen residuos. Uno de los instrumentos planteados a la Ley y que hacen posible esta responsabilidad son los sistemas de depósito, devolución y retorno para determinados productos como los envases de bebidas. La prueba piloto que el Gobierno justo está diseñando podría facilitar su implantación al conjunto de las Islas.

Por todo ello, creemos que esta Ley abre el camino hacia otro modelo de producción, gestión y consumo que nos acerque a la Sociedad Residuo Cero. Por eso hace falta que su despliegue se haga de forma efectiva y que empresas, comercios, organizaciones, municipios y ciudadanía incorporen los principios, objetivos e instrumentos recogidos a la Ley. Así mismo, Gobierno, Consejos Insulares y ayuntamientos tendrán que velar por su cumplimiento y aplicar las medidas necesarias en caso de incumplimientos.

Rezero seguirá  trabajando en red con agentes políticos, económicos y sociales porque su despliegue sea también motor de cambio para una transición ecosocial justa y equitativa tal como proponemos conjuntamente las organizaciones que trabajemos en el Pacto por la Reutilización, la Plataforma por un Mar sin plásticos o el movimiento “La vida en el centro”, entre tantos otros.