El informe está coordinado por el experto en política sanitaria y riesgos ambientales de la Agencia Europea de Medio Ambiente David Gee, y en él participan decenas de expertos internacionales. Basándose en casos históricos de alertas tempranas y en las consecuencias que tuvieron por ser desatendidas o minimizadas, los autores de este volumen extraen nuevas lecciones de cara al presente y defienden la aplicación del principio de precaución frente a otras amenazas actuales muy similares, como los organismos genéticamente modificados, los pesticidas de nueva generación, el bisfenol A, las tecnologías inalámbricas, las nanotecnologías, el cambio climático, la imprevisión ante los eventos de inundaciones, los pesticidas que afectan a las abejas, la contaminación radiactiva de Fukushima, etc.

Tanto David Gee como Carlos de Prada, responsable del Área de Toxicidad Ambiental de la Fundación Vivo Sano, coincidieron en que no aplicar el principio de precaución tendrá graves consecuencias para la salud y el medio ambiente. Ya en 2001, el primer volumen de Late lessons from early warnings mostraba con datos y cifras casos históricos en los que determinados productos o tecnologías sobre los que se había alertado previamente resultaron ser dañinos. Este nuevo volumen, de 750 páginas, incluye 12 lecciones que se pueden extraer del volumen anterior y 20 nuevos casos de estudio, todos ellos con profundas implicaciones a distintos niveles, y advierte sobre los costes que conlleva no tomar medidas que primen la protección de la salud y del medio ambiente por encima de los intereses económicos.

Según explicó David Gee durante la presentación del informe en España, “a menudo hay muy pocos datos científicos directos sobre los riesgos de nuevas sustancias y tecnologías que ciertamente pueden ofrecer muchas ventajas potenciales, pero que también pueden esconder serias amenazas para la salud de las personas y de los ecosistemas. Por eso es imprescindible el principio de precaución. Esperar a tener evidencias científicas incontestables introduce demoras indeseadas, y la falta de certeza científica absoluta no justifica la inacción cuando existe evidencia plausible de nocividad”.

Superar paradigmas científicos convencionales

El propio David Gee admite en este trabajo que “existe una cierta resistencia intelectual de los científicos, que no reconocen que la incertidumbre e ignorancia de la ciencia están demasiado adheridas a paradigmas científicos convencionales, y que esperan una evidencia muy fuerte antes de aceptar vínculos causales entre la exposición a agentes estresantes y el daño posterior”. El informe subraya que la existencia de algunos falsos positivos en estudios científicos, tras los que se legisló de acuerdo al principio de precaución y después se demostró que era innecesario, no es comparable al número, muy superior, de falsos negativos, ejemplos en los que se lanzaron advertencias tempranas pero no se tomó ninguna medida preventiva.

En este contexto, tal y como defiende el informe, el principio de precaución resulta una herramienta imprescindible para mejorar los métodos de evaluación de riesgos, limitar el papel de los poderes económicos en la toma de decisiones y poner el foco en la defensa de la salud y el medio ambiente. El trabajo aborda cuestiones tan delicadas como las presiones a la comunidad científica para evitar que trascienda información incómoda, las dificultades para articular y conceder indemnizaciones justas a las víctimas, o incluso los factores que hacen que industria y poderes públicos no reaccionen con prontitud y precaución ante las primeras alertas.

Numerosos países de todo el mundo han adoptado el principio de precaución como elemento político y jurídico de su ordenamiento, entre ellos España. Sin embargo, con frecuencia este principio no se aplica en asuntos importantes a nivel sanitario o medioambiental. Para el responsable del Área de Toxicidad Ambiental de la Fundación Vivo Sano, Carlos de Prada, “no basta simplemente con un compromiso formal o teórico con el principio de precaución, sino la voluntad política firme de aplicarlo en el día a día de la acción de los gobiernos y administraciones”.